La determinación de Europa para avanzar hacia unos pagos eficientes está a punto de demostrarse una vez más. La Comisión Europea está acelerando la aplicación de un ambicioso programa anunciado el pasado mes de junio, en consonancia con un apretado calendario electoral (a ser posible antes de las elecciones europeas de 2024). Incluye la DSP3 y el RSP (Reglamento de Servicios de Pago). Se ha aclarado el acceso técnico a las infraestructuras de pago. Sin demasiado suspense, las transferencias instantáneas serán obligatorias en Europa y gratuitas en casi todas partes (¡todo en un texto de apenas una decena de páginas!), con adopción a finales de año.
El reto consistirá en anclar la revolución anunciada en la vida cotidiana y alcanzar los volúmenes esperados. Hasta ahora, las reformas no han colmado todas las ambiciones, que son ciertamente elevadas y requieren, por tanto, tiempo de adaptación.
La 1ª Directiva de Servicios de Pago (PSD1), adoptada en 2007, puso fin al monopolio bancario al conceder un estatuto reconocido a las entidades de pago, con el objetivo de impulsar la competencia y la innovación en Europa. La DSP2, en 2015, hizo lo propio al exigir a los bancos que expusieran sus datos a través de API a nuevos agentes regulados capaces de acceder a los datos bancarios (AIS) y orquestar pagos de cuenta a cuenta (PIS), favoreciendo así el advenimiento de la la banca abierta. En 8 años, el camino ha sido largo, tortuoso y no siempre pavimentado con buenas intenciones... pero hay que decir que la situación actual es bastante diferente. Europa se dispone a votar no menos de 10 textos en 6 meses en el ámbito de los pagos: ¡una acumulación sin precedentes, testimonio de un consenso igualmente sin precedentes!
En primer lugar, es innegable que los poderes públicos escuchan ahora con atención a las fintech, que han demostrado que estas aperturas de mercado crean valor. Hay que señalar que estos textos no son simples proyectos aplazados hasta el calendario griego, sino, en su mayoría, reglamentos de aplicación inmediata, listos para salir "realmente" rápido, lo que es algo así como un milagro... o una nueva madurez.
En 8 años, el sector de las fintech se ha estructurado mejor, bajo el impulso de organismos clave como France Digitale, France Fintech, Finance Innovation y AFEPAME, lo que ha permitido alinear los intereses y hacer oír una voz más fuerte. Además, los bancos, a pesar de verse atrapados en mandatos contradictorios, han ido afinando sus API y han sido testigos de la adopción gradual de las transferencias instantáneas y la iniciación de pagos, ofreciendo vías de pago de transferencias sin fisuras, acostumbrándose así a colaborar o incluso asociarse con las fintech para ofrecer estas soluciones a sus clientes. Estos cambios normativos acelerados reflejan un mercado que está encontrando su modus operandi.
Sin embargo, aún quedan cuestiones clave que abordar para que esta nueva normativa alcance todo su potencial. Empezando por la lucha contra el fraude, que no está aprovechando al máximo la colaboración entre bancos y fintechs. En Fintecture estamos invirtiendo mucho en tecnologías capaces de complementar los sistemas bancarios, que siguen lastrados por sistemas de información complejos y costosos de transformar rápidamente. Por lo tanto, es en interés de todos, en primer lugar de los ciudadanos que sufren estos ataques fraudulentos, proporcionar un marco para el intercambio de información entre las instituciones reguladas. Los nuevos textos abordan esta colaboración, pero siguen siendo tímidos, complejos y, por tanto, limitadores.
El otro reto es que algunos bancos se pongan al día técnicamente. Aunque la mayoría de los bancos han hecho progresos significativos, algunos se están quedando rezagados, con API que son desiguales, excluyen las cuentas de empresas o incluso son disfuncionales. Lo cierto es que para garantizar una ejecución fiable a la hora de iniciar transferencias, con estados de pago claros para los comerciantes, es necesario añadir servicios adicionales. Se trata, pues, de una situación que el regulador deberá ajustar para no penalizar el crecimiento del mercado en su conjunto y la adopción de los consumidores, acostumbrados a servicios digitales fluidos.
Los proveedores de servicios de pago (PSP) también se beneficiarán pronto de la DSP3 y el RSP (Reglamento de Servicios de Pago). Esta nueva normativa europea aclarará el régimen de responsabilidad entre las fintech, los bancos y sus clientes, en beneficio de todos. Es muy probable que este marco preciso de responsabilidades mejore el rendimiento de las API existentes en el marco de la PSD2, ya que los bancos deberán comunicar la información de forma aún más fluida a los agentes regulados, como las fintech.
Por último, se están preparando un régimen (contrato europeo) y otros dos textos clave. El primero, que introducirá el Consejo Europeo de Pagos en 2023, se refiere a las API premium, que serán funcionalidades de pago añadidas a las API existentes como consecuencia de la DSP2. Podrán habilitar otros tipos de servicio (por ejemplo, la actual SIP permite realizar transferencias inmediatas o diferidas, pero no reservar previamente un importe en una cuenta, como un sistema de impresión de tarjetas bancarias). Las otras se refieren a lasFinanzas Abiertas, que permitirían ampliar el acceso a los datos financieros de los ordenantes a datos financieros no necesariamente vinculados a cuentas de pago (cuentas de ahorro, por ejemplo). El objetivo es ofrecer soluciones aún más adaptadas al mercado y mejorar la lucha contra el fraude. También en este caso podrían lograrse avances significativos: los PSP podrán recopilar los datos de los clientes de forma muy rápida y automática, con el consentimiento del cliente, y convertirse así en actores clave del crédito al poder responder de forma casi instantánea a las necesidades de financiación. Además, el reglamento sobre el euro digital permitirá al Banco Central Europeo crear una nueva moneda, a la que podrían acceder directamente las entidades de pago.
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